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29 de mayo de 2012

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INFORME DE LA OAT REVELA NO HUBO IRREGULARIDADES EN MANEJO DE CASO DE VIOLENCIA DOMESTICA EN AGUADILLA

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) ordenó el archivo de la investigación que inició ante las expresiones públicas que se hicieron contra varios jueces de la Región Judicial de Aguadilla relacionadas a un incidente de violencia doméstica ocurrido en noviembre pasado en un centro comercial de esa ciudad.

La Directora Administrativa de los Tribunales, Hon. Sonia Ivette Vélez Colón, informó que la investigación reveló que todos los remedios solicitados por la parte querellante al amparo de la Ley 54 Contra la Violencia Doméstica fueron provistos  y que los procesos se atendieron dentro del marco de la ley y de la discreción judicial. La OAT evaluó la intervención de tres jueces en el manejo del caso Pueblo de Puerto Rico vs. Nelson M. Crespo Feliciano. Se trata de los Jueces Municipales Rafael A. Ramos Sáenz y Diómedes González Velázquez, y el Juez Superior José T. Román Barceló.
Vélez Colón informó que, tras hacer una relación de las órdenes de protección solicitadas y emitidas en este caso, la investigación evidenció que todos los jueces que intervinieron atendieron los reclamos de la víctima.  “En vista de ello, señalamientos sobre desatención o falta de sensibilidad al atender las peticiones de la señora Toro, cuando todas fueron concedidas, resultan infundados y lamentables”, expresó Vélez Colón en su carta.

Con respecto al manejo del caso criminal, la investigación de la OAT concluyó que los jueces que intervinieron en el proceso actuaron dentro de los parámetros de la discreción judicial al momento de imponer fianza y que el Ministerio Público podía solicitar que se aumentara de entender que era muy baja y no lo hizo oportunamente.  Sobre la excarcelación del imputado, se aclaró que las Reglas de Procedimiento Criminal no exigen un deber expreso de notificar a la parte perjudicada una vez este pague la fianza establecida.  No obstante, destacó el hecho de la Ley 54 delegó dicha notificación tanto en el Tribunal como en la Junta de Libertad Bajo Palabra, la Administración de Corrección y el Ejecutivo, por lo que la responsabilidad es compartida.  

La Directora de la OAT hizo un llamado a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) para que atienda con absoluta prioridad y preferencia la instalación oportuna de los grilletes y a la Oficina de la Procuradora de la Mujer para que considere y provea la alternativa de albergue para la víctima cuando, en un caso como este, reconozcan alta peligrosidad.  “Son ellos los llamados a la prestación de estos indispensables servicios”, indicó.  Finalmente lamentó la manera en que esta información se divulgó inicialmente, porque “lesionó la confianza que debe existir en estos procesos, causando desconfianza y la no protección de muchas víctimas de la región, cuando el deber y la obligación es promover todo lo contrario”.

Vélez Colón reafirmó la política pública de la Rama Judicial en contra de la violencia doméstica y anunció que tomará medidas para ampliar las guías sobre la conducta judicial recomendada al atender las distintas incidencias procesales de estos casos. 


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