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14 de noviembre de 2011

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DECLARACIONES DEL JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO,
HON. FEDERICO HERNANDEZ DENTON, SOBRE INTENTO DE PARALIZACION DE LAS LABORES EN LOS TRIBUNALES

En el día de hoy un grupo de funcionarios de la Rama Judicial promovió un movimiento dirigido a paralizar las operaciones de los tribunales del País. Mis primeras manifestaciones sobre esta acción son de total indignación y rechazo.

Siempre he reconocido la validez del reclamo de los trabajadores de la Judicatura de mejores condiciones de empleo y remuneración y he sido consistente en atender esos reclamos dentro de la disponibilidad de los recursos que nos son asignados. De igual modo, reconozco el derecho a libre expresión, derecho que han estado ejerciendo sin cortapisas durante los pasados meses, sin que ello afectara las labores judiciales. Lo que no es aceptable es el intento de privar al pueblo de Puerto Rico de los servicios esenciales que proveen los tribunales, máxime cuando el pueblo reclama a diario justicia rápida y eficiente.

No podemos perder de perspectiva que se trató de interrumpir la celebración de casos criminales que conllevan el cumplimiento de términos, casos de relaciones de familia de los que depende la estabilidad de miles de hogares puertorriqueños, casos de pensión de los cuales depende la alimentación de miles de menores, todo por un interés particular que en efecto, está siendo atendido.

La Rama Judicial comenzó, por iniciativa propia, la revisión de su Plan de Clasificación. Desde entonces se les comunicó a los funcionarios de esa revisión. Como cuestión de hecho, una muestra de funcionarios de todos los niveles fue entrevistada como parte de ese proceso, que ha sido abierto, transparente e inclusivo desde un principio.

A lo largo de este proceso se ha ofrecido información falsa de manera maliciosa. Ejemplo de ello han sido las alegaciones de que desde la implantación del Plan vigente no han recibido aumentos de sueldos. El más reciente de esos aumentos fue de $200 efectivo en junio de este año. Dicho aumento tuvo un impacto de $15 millones en el presupuesto de la Judicatura y fue un adelanto precisamente de los trabajos de revisión del Plan de Clasificación y Retribución.
Este aumento se suma a otros que la Rama Judicial ha concedido a su personal en los pasados 10 años: $100 en enero de 2000; $100 en enero de 2001; $100 en enero de 2002; $100 en enero de 2004; $150 en octubre de 2004 y $150 en enero de 2008.

De igual manera las aportaciones al plan médico han ido en constante aumento. En julio de 1999 se aumentó de $80 a $100; en agosto de 2004 a $120; en enero de 2007 a $150; en enero de 2009 a $175 y en marzo de 2010 a $200. A esto se suma la aprobación sistemática de pasos por méritos y años de servicio, la concesión sin cargo a licencia del día de cumpleaños, la remodelación y modernización de áreas de trabajo, la adquisición de equipo ergonómico, la entrega de uniformes, el pago de exceso de enfermedad, el pago de matrícula, de cuotas de organizaciones profesionales y de bonos de ahorro, entre otros beneficios.

No podemos olvidar, además, que la Rama Judicial se aseguró de garantizar que todos y cada uno de sus funcionarios y funcionarias conservara su empleo a pesar de la difícil situación que enfrentó el gobierno y el pueblo en los pasados años. Nos aseguramos de que nunca faltara el pan de sus hijos e hijas, de que estuvieran protegidos por un plan de salud eficiente y de que gozaran de estabilidad en los tiempos más difíciles.

Sobre el curso de las labores en el día de hoy puedo informar al pueblo que los Tribunales brindaron sus servicios. En algunas regiones judiciales como San Juan, Bayamón Carolina y Fajardo se registró un notable ausentismo de personal de secretaría y alguaciles, pero a pesar de ello, siguiendo los planes de contingencia que teníamos diseñados, logramos atender los asuntos programados. En el resto de las regiones judiciales: Aibonito, Arecibo, Caguas, Humacao, Ponce, Guayama, Mayagüez y Utuado, operamos de manera regular y prácticamente sin ausencia del personal. De igual manera en el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Supremo y la Oficina de Administración de los Tribunales. La excepción ha sido el Centro Judicial de Aguadilla que no contó hoy con servicio de energía eléctrica durante gran parte del día.

El que hayamos podido operar a pesar del paro me brinda gran satisfacción y es evidencia del compromiso con el servicio público de la gran mayoría de nuestro personal. A todos ellos y ellas, que cumplieron con su deber para con Puerto Rico, vaya nuestro agradecimiento.

No obstante, reitero mi repudio a las actuaciones irresponsables de aquellos y aquellas que en una posición contraria a los mejores intereses públicos, no solo abandonaron sus responsabilidades para con el pueblo sino que intentaron impedir que se prestara el esencial servicio que brinda la Rama Judicial, sobre todo en momentos de tanta inseguridad como los que vivimos.

Es por ello que me resulta insólita la acción de hoy. No es tolerable bajo ninguna circunstancia el que se deje de brindar servicios y se afecte de esa manera al pueblo de Puerto Rico por lo que procederemos con todo el rigor de la ley contra aquellos que han pretendido impedir las operaciones de la Rama Judicial.

Con respecto al Plan de Clasificación, debo informar que tal como ha dicho la Directora Administrativa de los Tribunales, Hon. Sonia Ivette Vélez Colón, el mismo está próximo a ser referido a mi atención. Como es mi costumbre, lo analizaré y haré las recomendaciones que sean necesarias con miras a su eventual aprobación teniendo como norte la justicia laboral de todos los buenos funcionarios y funcionarias de la Rama Judicial.

 

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