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9 de junio de 2016

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RAMA JUDICIAL INFORMA EL RESULTADO DE LA IMPLANTACION DE MEDIDAS DE CONTROL DE GASTOS Y SOBRE EL EFECTO QUE HAN TENIDO EN SUS OPERACIONES LAS REDUCCIONES A SU PRESUPUESTO
Logran balancear su presupuesto gracias a estrictas medidas de control de gastos

La Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Hon. Isabel Llompart Zeno, presentó hoy ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes un recuento de las medidas de economía adoptadas por la Rama Judicial durante el pasado y el presente año fiscal como resultado de la reducción en su asignación presupuestaria y consignó su reparo a mayores reducciones en su presupuesto.

Llompart Zeno recordó que la aprobación de la Ley Núm. 66-2014, conocida, como la Ley Especial para la Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representó una reducción sustancial en el presupuesto asignado a la Rama Judicial por virtud de la fórmula establecida por la Ley Núm. 286-2002. Según indicó, la reducción total para el año fiscal 2014-2015 fue de un 14.4% y de 16.6% para el año fiscal en curso. Como consecuencia, la Rama Judicial reorganizó sus prioridades y estableció un plan agresivo de medidas de control de gastos y de redistribución de recursos.

Entre las medidas de control de gastos adoptadas destacó la renegociación de cánones de arrendamiento de treinta dependencias judiciales, la revisión de honorarios, contratos y órdenes de servicio, la relocalización del Tribunal de Apelaciones y de la OAT, el traslado de operaciones de doce salas municipales y la adopción de un plan de cierres parciales y totales en determinadas fechas. El ahorro acumulado y proyectado por la adopción de estas medidas para los años fiscales 2014-2015 y 2015-2016 es de $44.6 millones.

“Estas medidas de reducción de gastos, junto a otras medidas para generar economías y sobre redistribución de recursos, permitieron terminar el año fiscal 2014-2015 con un presupuesto balanceado y proyectamos lo mismo para este año fiscal 2015-2016”, aseguró Llompart Zeno. También recordó que la Oficina del Contralor de Puerto Rico auditó las operaciones del Tribunal Supremo, del Tribunal de Apelaciones y de la Oficina de Administración de los Tribunales y en enero de 2016 emitió un informe favorable y sin señalamientos. En un comentario especial de ese Informe se consignó que en la Rama Judicial se tomaron las medidas afirmativas correspondientes para atender efectivamente la reducción presupuestaria.
No obstante, la Directora de la OAT enfatizó que los recortes presupuestarios tuvieron el efecto de detener proyectos importantes, entre los que mencionó la expansión de las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica, de los Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas, del Programa Pro Se para litigantes por derecho propio, de las Salas Integradas de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores y del Proyecto para la Atención de Asuntos de Salud Mental.

Con relación al presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2016-2017, Llompart Zeno explicó que el presupuesto recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) es igual a la asignación para el año fiscal 2015-2016. Esto incluye una asignación ajustada de $315 millones y una asignación especial de $7.9 millones bajo la custodia de la OGP para un total de $322.9 millones.
La también Jueza Superior llamó la atención a que tanto para el Año Fiscal 2015-2016 como para el Año Fiscal 2016-2017 no se le asignó al presupuesto de la Rama Judicial la partida correspondiente al plan de pago establecido por concepto de deuda del Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) en virtud de la Ley Núm. 96-2013. Esta cantidad es de $3,081,813 millones por año.
“Solicitamos a esta Asamblea Legislativa que se haga una asignación especial con respecto a las partidas correspondientes a los años fiscales 2015-2016 y 2016-2017, por la suma total de $6,163,626”.

Llompart Zeno, además, consignó su reserva a la aprobación del Proyecto de la Cámara 1320, que propone crear el Panel Voluntario de Práctica Legal Criminal Compensada para Personas Indigentes que se nutriría de parte de los ingresos por concepto de los aranceles cancelados en casos civiles que actualmente se asignan a la Rama Judicial.